La malagueña es un género musical originario de España y un baile típico en algunas regiones de ese país. Lo curioso es que al son de ese ritmo parece estar moviéndose en Tucumán el gobernador interino Osvaldo Jaldo. Aunque no por un gusto personal hacia ese canto derivado del flamenco, sino más bien obligado por la música que le puso desde Buenos Aires el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Lorena Málaga asumió el 16 de marzo al frente del Ministerio de Desarrollo Social, aunque desde hacía muchos ya venía desempeñándose en diferentes áreas de esa cartera. Su ascenso fue la salida que encontró Manzur para descomprimir la tensión entre Jaldo y el entonces ministro Gabriel Yedlin. El tranqueño, en febrero, había detonado la primera granada en esa estructura al echar a Francisco “Chiqui” Navarro. El aún secretario de Articulación Territorial había viajado de vacaciones al Caribe justo en época de inundaciones en la provincia y en ausencia de Yedlin, quien se encontraba de licencia en Buenos Aires por razones particulares. Jaldo no dudó y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje interno a los manzuristas: desplazó a un funcionario de segunda línea, abrió un hueco y comenzó a poblar el gabinete.

Jaldo tomó juramento a Lorena Málaga y a Gladys Medina

Sin embargo, seguramente desconocía cuánto iba a durar el baile al que se acababa de sumar.

Un par de semanas después Gabriel Yedlin se fue a la Nación de la mano de Manzur, mitad por cuestiones personales y mitad políticas. Así, el cogobierno que impera en Tucumán determinó que Málaga asumiera como ministra y que la jaldista Gladys Medina lo hiciera en segundo lugar. Desde entonces, las coplas se suceden una tras otra en un ministerio que maneja millones de recursos en asistencia social y que, por esa razón, es sumamente codiciado. En especial, si se piensa que el año que viene habrá elecciones para renovar todos los cargos públicos provinciales.

Ascárate lamentó la ausencia de la ministra Málaga en la comisión de Familia y Niñez

El primer gran escándalo lo exteriorizó el legislador José Ricardo Ascárate. Lo hizo a partir de la denuncia de un hombre que acudió a la Justicia denunciando que su nieta, de 13 años, alojada en el Instituto Santa María Goretti, habría sufrido abusos sexuales. Además, tras una revisión médica, el hombre se habría enterado de que le habían colocado a la niña un chip anticonceptivo sin que su núcleo familiar autorizara ese implante. La respuesta oficial de la cartera, tardía, fue que las leyes nacionales a las cuales adhirió la Provincia permiten la colocación de dispositivos anticonceptivos. Vale aclarar que hasta los 13 años, esto debe ocurrir con el acompañamiento de la firma de un adulto responsable, que bien puede ser encargado de la institución de cuidado.

Presunto abuso: se conoció el drama que vive la adolescente del caso Goretti

Esta semana, a instancias de un pedido de informes del parlamentario radical, el juez de Familia Víctor Raúl Carlos aseveró que él no tenía conocimiento de ese implante en el caso de la menor de 13 años. “No consta ninguna autorización efectuada por el Juzgado para la colocación de un dispositivo anticonceptivo en el brazo a la niña. Tampoco consta en autos que el Santa María Goretti haya solicitado autorización alguna o realizado comunicación al respecto”, detalló el magistrado, según el escrito firmado por el propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, ante el planteo de Ascárate.

Málaga, cuando Sandra Tirado asumió como legisladora provincial, en noviembre de 2019, y hasta mayo de 2021, cuando la médica partió a Buenos Aires para asumir como viceministra de Salud nacional, se desempeñó como Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. De esa área depende la Dirección que tiene a su cargo la administración de los institutos de menores y de ancianos de la Provincia.

La respuesta judicial se conoció días antes de que finalizara la auditoría interdisciplinaria exprés que dispuso Jaldo como respuesta a la polémica. Ese informe estará en manos del gobernador interino a partir del lunes. No obstante, no será el único paso desconocido con el que podría tener que lidiar el vicegobernador a cargo del Ejecutivo.

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Caso Goretti: la Justicia no autorizó la colocación del chip a la niña

Ocurre que al baile se sumó en la semana que pasó el Tribunal de Cuentas. Como lo hace de manera rutinaria, el órgano de control dispuso una “toma de inventario” en los depósitos en los que el Ministerio de Desarrollo Social guarda la mercadería con la que se asiste a los tucumanos en situación de riesgo o vulnerabilidad. Se trata de un procedimiento en el que se constata si los bienes facturados coinciden con los adquiridos e incluso si cumplen con el destino bajo el que se justificó la compra. Aunque el trabajo del TC aún no finalizó y los resultados tampoco fueron oficializados, la presencia de los pesquisas generó revuelo en las oficinas del ministerio. En particular por la situación del depósito central de calle Lavalle al 2.300, en el que se almacena mercadería de primera necesidad, insumos y artículos para urgencias. Cuentan en los pasillos del primer piso de la Casa de Gobierno que a más de uno se le vino a la cabeza el recuerdo de un suceso ocurrido en 2005, durante la primera gestión de José Alperovich. Aquella vez, el hallazgo de 12 toneladas de alimentos en mal estado acopiadas en la finca de un funcionario derivó en un desmembramiento del Ministerio de Desarrollo Social.

Málaga, entre mayo de 2021 y marzo de este año, cuando juró como ministra, estuvo al frente de la Secretaría de Atención a las Familias en Riesgo Social.

Por si faltara algo más, también el Tribunal de Cuentas le acaba de dar una mala noticia a la ministra. Le rechazó, sin miramientos, la resolución 858/4 mediante la que Desarrollo Social dispuso $ 37,5 millones para repartir, durante 12 meses, a organizaciones de la sociedad civil en el marco del programa “Tucumán Incluye: Desarrollo Social y Acceso a la Información”. “Debe especificarse con mayor claridad (y nivel de detalle) los montos a emplear en materiales e insumos, gastos operativos recursos humanos, comunicación, publicidad y refacción de edificios”, argumentaron las autoridades del TC al oponerse a la resolución firmada el 21 de marzo, mediante los acuerdos 1431 y 1676.

Desde fines de septiembre del año pasado, cuando Manzur y Jaldo acordaron entre coplas y versos una tregua para sostener sus aspiraciones políticas, las decisiones de gestión en esta provincia se toman de a dos. Casualmente, como se baila la malagueña.